Si para defender «algo» recurrimos a prohibir hablar mal de ese «algo» es que vamos por un muy mal camino.
Proscribir expresar ideas u opiniones contrarias es repugnante. Que los proscriptores sean políticos convierte este atentado contra la libertad de expresión en algo mucho más grave.
No menos que cárcel de por vida es lo que merecen los políticos que aplican la censura más desorejada y dicen hacerlo, los jodidos hipócritas, para defender la libertad de expresión. Insisto, jodidos hipócritas. Quienes tienen el descaro de llenarse la boca con la palabra libertad a la vez que se ciscan en la misma son enemigos de todos y merecen ser hostigados sin compasión hasta que el infierno se congele.
Los políticos, profesionales de la mentira y el perjurio, no tienen derecho ni autoridad moral alguna para decirnos qué podemos o no criticar o cómo podemos o no hacerlo. Eso no es negociable.
Es nauseabundo que quienes manejan esa entidad llamada Estado, que detenta un inmerecido monopolio de la violencia, se arrebujen en la capa mágica de la «corrección política», dictaminen por ley qué es o no verdad, traten de tapar la boca al siervo desobediente y, para colmo, se erijan en profesores de ética.
El Estado jamás tendrá autoridad para dictaminar lo que los individuos deben opinar o expresar y si se arroga esa potestad es mediante el crimen. Robando y secuestrando derechos aprovechándose de su (insisto) inmerecida exclusividad para emplear la violencia. El estado no ostenta el derecho a patrullar o sancionar las opiniones, lo detenta; lo usurpa por la fuerza y la coacción. Decir no a la mafia es bueno. La única actitud sensata ante la coacción injustificada y la usurpación de derechos es la desobediencia.
Descendamos desde el mundo de las ideas y los conceptos al de la práctica.
Si «algo» es bueno y necesario cuesta bien poco argumentar a favor de ello y dejar en ridículo a quienes lo critican sin por ello prohibir que lo hagan.
Normalmente quienes esgrimen mejores argumentos son quienes convencen a más personas. A esto se le suele llamar el «mercado libre de ideas», una cosa considerada peligrosa en nuestro mutante Occidente.
Como me gusta poner ejemplos muy fáciles de entender, y además esos ejemplos me ayudan a no dispersarme –algo por lo que tengo querencia–, allá voy.
Supongamos que José y Margarita ponen unos puestos de comida y bebida junto a la línea de meta de un maratón popular.
José vende polvorones y chupitos de coñac y Margarita bebidas isotónicas, agua y barritas energéticas de cereales y frutos secos.
Los mejores «argumentos» en ese contexto son, sin duda, los de Margarita, que entiende que los corredores necesitan hidratarse y prevenir las agujetas. José tendrá pocos clientes; tal vez los padres de los corredores rezagados que, hartos de esperar, se den un homenaje atizándose unos tragos.
En el mercado libre de ideas del anterior caso de negocio, las ideas de Margarita triunfan solas porque ella ofrece lo que la «sociedad» necesita.
Pasemos de un caso hipotético a uno real.
El unipartido, PPSOE, y las demas verrugas en forma de partidos políticos o medios de comunicación del régimen, sostienen que es bueno para nuestra sociedad dar cobijo a un menor de edad extranjero que llegó sin que nadie le llamara. Afirman que es nuestra obligación asumir un coste de más de 4.000 euros al mes por cada niño traficado hasta España. Cuatro mil euros en el mejor de los casos, porque como dijo Concepción Dancausa, consejera de Sor Isabel Ayuso, en algunos casos el niño traficado sale por 13.000 euros al mes (156.000 al año). Otros como Clavijo, presidente de Canarias, se niega a dar el dato del coste por niño para no dar argumentos a VOX.
Muchos españoles, la mayoría ganando menos de esos 4.000 euros al mes que cuesta cada mena, tirando por lo bajo, sostienen que habría que devolver a esos menores a sus progenitores o, en el caso de que estos no puedan o no quieran, que el estado del país de origen sea quien se haga cargo de sus ciudadanos.
El Estado y sus terminales mediáticas afirman que los españoles que opinen así son peligrosos ultraderechistas que promueven un discurso del odio. Son racistas, sin moral, populistas, fascistas, ponen en peligro «nuestra democracia» y todos los epítetos conocidos que la feligresía progre (azul y roja) repite en perenne jaculatoria como un coro de papagayos desquiciados.
Eso sí, insultar desde el poder, desde la fuerza, al ciudadano (al que algunos dicen servir), eso no es delito de odio sino santísima ira estatal. No, no cuela.
Hay que desterrar esas ideas, son malas, deben ser perseguidas y quienes las sostengan deben ser castigados y reprimidos. Lo dicen los políticos, esos que prometen hasta meter y después de habérnosla metido se olvidan de lo prometido.
Volvamos a nuestro «caso de negocio». Supongamos que la maratón se corre en el municipio sevillano de Estepa, y el el alcalde del pueblo decide que es ilegal vender latas de bebidas isotónicas porque su consumo promueve el odio a los famosos polvorones de la tierra. Margarita debe cerrar su puesto o ponerse ella también a vender polvorones y la gente debe no solo estar de acuerdo con estas cosas sino que, además, deben abstenerse de apoyar la venta de productos «odiosos».
Cámbiese «comer y aplaudir el consumo de polvorones» por acoger menores importados por traficantes y oenegés (valga la redundancia) paniaguadas y «estar a favor del sentido común (hidratarse tras correr)» por discurso del odio hacia los polvorones.
Nadie en su sano juicio detesta a un menor por defecto pero su «consumo» no está recomendado cuando las circunstancias así lo dictaminan. Comer polvorones está muy bien cuando toca, apetece y no te sientan mal. No está bien comer polvorones, de entre 5 y 13 mil euros la pieza, sabiendo que no solo no te apetecen sino que te van a sentar mal.
El (hipotético) alcalde de Estepa envía a sus guardias municipales a detener a los que lleven camisetas en contra de los polvorones o a favor de las bebidas isotónicas (*), a los que compartan fotos de personas echando hasta la bilis tras comerse los inclusivos polvorones. El argumento es que esa gente despreciable está difundiendo un mensaje de odio hacia el polvorón, un bien universal del que jamás te puedes cansar salvo si eres mala gente.
(*) Nota para el alcalde de Estepa: Esto es un caso hipotético a modo de ejemplo y no le/la conozco ni siento animosidad lguna hacia usted.
Lo sano en un caso así es que la gente a la que la policía municipal agrede siguiendo las órdenes de un chiflado cabronazo plante cara y se niegue a obedecer. Porque lo NORMAL es que sea el cabronazo quien tenga miedo de los vecinos para los que trabaja y no al contrario.
Por eso lo NORMAL, lo sano, es que esos vecinos puedan tener armas de fuego para defender su propiedad, su vida y la de los suyos. Y cuando hablo de propiedad estoy incluyendo el sagrado derecho de nacimiento de TODOS a poder tener ideas y defenderlas en público.
No estoy diciendo que los participantes de la hipotética maratón disparen a los policías enviados por el alcalde, pero sí estoy diciendo que es muy bueno que el alcalde tema a sus vecinos, sepa cuáles son sus límites y tenga claro que si traspasa esos límites puede acabar siendo linchado.
Por todo lo que estoy diciendo me gusta mucho más el término «servidor público» que «funcionario». Servidor, asistente, sirviente, palafrenero, nunca funcionario. ¿Algo que funciona? ¿Algo que ejecuta una función? No. Servidor.
Lo que vale para un alcalde vale para todo un Estado. No podemos permitir que nuestros empleados además de cobrar de todos se conviertan en nuestros amos.
Otra cosa que es fundamental es que las llamadas fuerzas de seguridad, otros sirvientes públicos, conozcan bien quienes son sus verdaderos jefes y tengan claro cuando no hay que obedecer al gestor o intermediario que pusimos para controlarles. Una orden ilegal debería traducirse en la inmediata detención y puesta a disposición judicial del sirviente púbico. Sea este alcalde, presidente del Gobierno, bedel de la Diputación Provincial o monarca.
En una sociedad sana el alcalde que manda detener a alguien por mostrar sus ideas debería encontrarse esposado en segundos por los mismos policías a los que ordena cometer un crimen.
Volvamos al caso de los niños traficados por las mafias que acaban costándonos cada uno lo que casi nadie gana.
El Estado español (algo diferente a España y a los españoles) quiere que de entre todas las posibilidades que existen para gestionar este asunto (deportación, bloqueo naval, control de fronteras, expulsión en caliente, poner el culo) la única aceptable y «legal» sea poner el culo y que las demás se consideren no solo malas ideas sino que sugerirlas siquiera constituya un delito… de odio.
Una sociedad sana contaría con los mecanismos para que todos aquellos que se dedicaran a abrir la veda para cazar al disidente fueran inmediatamente encarcelados. Encarcelados no por querer que pongamos el culo ante una invasión evidente, una idea mala a mi entender pero que puede ser siempre expresada, sino por instigar a que otros funcionarios empleen la violencia para robar derechos y libertades a los jefes de todos ellos: los españoles.
Porque ahí hemos tocado un punto muy importante. La libertad de expresar ideas debe ser absoluta y amenazar no es expresar ideas. Cuando desde cualquier institución del Estado y sus satélites (partidos, oenegés, sindicatos, etc.) se advierte a los ciudadanos que si piensan «mal» y se atreven a decir en alto esos malos pensamientos irán a por ellos empleando la violencia, eso es amenazar. No podemos tolerar un estado matonil que amenaza.
Evidentemente los delincuentes deben vivir en constante estado de amenaza sabiendo que atentar contra la propiedad y la vida de las personas tiene consecuencias. Por eso mismo los parlamentarios, ministros, presidentes que actúan como DELINCUENTES aprobando leyes que atentan contra lo que no les pertenece deben tener miedo.
Debe quedarnos claro que cuando se trata de leyes que atentan contra la libertad de expresión, los delincuentes no son los que expresan ideas sino los que quieren evitar que la gente se exprese y amenazan con la violencia para llevarlo a cabo. Los políticos que aprueban dichas leyes, los fiscales y policías que fuerzan a cumplirlas y los jueces que dictan sentencias en virtud de tales leyes son los DELINCUENTES. Y no, no me vale lo de «solo aplico la ley» o «solo cumplo órdenes».
Las armas en manos de ciudadanos sin antecedentes son algo fundamental para evitar llegar al punto en el que solo se consienta una opinión con dos o tres matices que se permitan debatir. Las armas en poder de los ciudadanos son necesarias para evitar convertirnos en víctimas perpetuas de sirvientes devenidos en criminales. Necesitaremos las armas para poner a cada uno en su sitio. Y esto no es una amenaza, es tan solo constatar que la legítima autodefensa es necesaria y que nuestros sirvientes deben temernos más a nosotros, el Pueblo, que a la inversa.
Amor, vida y libertad.
Cómprate ya mi libro:
