sábado, octubre 16, 2021
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Florida lanza bombazo contra las Big Tech. Multas 100 mil $ por cancelar contenido

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una medida que protegerá a los residentes del estado del "acaparamiento de poder en el discurso, el pensamiento y el contenido" por parte de las Grandes Tecnológicas.

Florida asesta un duro golpe a las ciber-dictaduras tecnológicas (Google, Facebook, Twitter, etc.) protegiendo a sus ciudadanos de los abusos de los censores de Silicon Valley. Sanciones de hasta 100 mil dólares por atacar la libertad de expresión de los usuarios.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una medida que protegerá a los residentes del estado del «acaparamiento de poder en el discurso, el pensamiento y el contenido» por parte de las Grandes Tecnológicas.

La Ley Big Tech, como lo llama DeSantis, va a permitir a los residentes del «estado soleado» luchar contra la eliminación de sus perfiles en las plataformas y la censura de las ciber-dictaduras. Los floridianos podrán demandar a las empresas de tecnología por hasta 100.000 dólares en daños por cada reclamación probada.

«Si los censores de las grandes tecnologías hacen cumplir las reglas de manera inconsistente, para discriminar a favor de la ideología dominante en Silicon Valley, a partir de ahora les haremos responsables (de su censura)«.

La ley requiere entre otras cosas que empresas como Twitter, Google o Facebook, expliquen detalladamente los motivos por los que hayan moderado contenidos o eliminado perfiles.

Con esta ley el Fiscal General de Florida también podrá emprender acciones legales contra las empresas de tecnología que violen los términos de esta legislación. Además las Big Tech tendrán expresamente prohibido la eliminación de perfiles de candidatos políticos en sus plataformas.

Tras aprobarse esta ley el gobernador de Florida ha recalcado ante los medios cuál es el propósito de la misma:

«Si los censores de las grandes tecnologías hacen cumplir las reglas de manera inconsistente, para discriminar a favor de la ideología dominante en Silicon Valley, a partir de ahora les haremos responsables (de su censura)«.

En un Tuit de DeSantis del 24 de mayo el gobernador hace hincapié en que esta ley pone en pie de igualdad al ciudadano común y a las Grandes Tecnológicas: «El proyecto de ley Big Tech de Florida otorga a todos los floridanos el poder de luchar contra la eliminación (en las plataformas) y permite que cualquier persona demande a las grandes empresas tecnológicas por hasta 100,000 dólares por daños. Hoy, nivelamos el campo de juego entre celebridades y ciudadanos en las redes sociales».

En nuestro artículo El gobernador de Florida dispara al GAFTA. Ron DeSantis anuncia una ley contra el abuso de las Big Tech, publicado el pasado cinco de febrero, ya anunciábamos las intenciones del Gobierno de Florida de sacar adelante esta ley para defender el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos de su estado. Se trata de un precedente fantástico que muy probablemente sigan otros estados y que hará que las Big Tech se tienten la ropa antes de censurar contenidos o eliminar cuentas.

En Freenoticias damos la bienvenida a esta ley pionera en EE.UU. y en el mundo y esperamos que cunda el ejemplo no solo en EE.UU. sino en otros países.

Esta ley entrará en vigor a partir del 21 de julio de este año, y además de las multas de hasta 100.000 por censurar contenidos o eliminar perfiles, también prevé sanciones de 100.000 dólares por cada día que las Big Tech tengan censurado a un candidato a nivel estatal y 10.000 en el caso de los candidatos locales.

Los lobbies de las ciber-dictaduras tanto en Washington como en Tallahassee –la capital de Florida– están trabajando para tumbar esta ley antes de que entre en vigor. Irónicamente las Big Tech están empleando el argumento de la libertad de prensa y la libertad de expresión de las empresas para seguir manteniendo su supuesto derecho a censurar. El argumento es que son empresas privadas y pueden dar cabida a quien quieran y censurar lo que les plazca.

Este argumento –libertad de prensa– está muy bien si eres un periódico o en general funcionas como un editor, cosa que ninguna de estas empresas quiere ser. No quieren ser editores porque si funcionan como tales a la hora de decidir el contenido que publican y el que no, eso también implica responsabilizarse de dicho contenido a efectos legales, algo que acabaría con todas ellas ahogadas en un aluvión de demandas y arruinadas en pocos años.

Fue precisamente ese temor a sufrir una lluvia de demandas judiciales por culpa del contenido que publicaran los usuarios en sus plataformas, lo que llevó a aprobarse la ley CDA o Communications Decency Act, Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 dentro de la cual está la famosísima Seccion 230, por la que se otorgaba a las empresas de este tipo el tratamiento de foros públicos y no el de editores, permitiendo que fueran exoneradas de toda responsabilidad por los contenidos que publicaran sus usuarios. La Sección 230 reza así:

«Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o portavoz de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido de información.»

Esta legislación iba aún más lejos concediéndoles a las nacientes ciber-dictaduras un regalo llamado «Clausula del Buen Samaritano». Además de exculpar a las Big Tech de cualquier delito que pudiera derivarse del contenido que se publicara, dándoles tratamiento como foro público, también les daba la potestad de censurar el contenido que quisieran en función de su propio criterio… incluso en el caso de que dicho contenido estuviera protegido por la Constitución de los EE.UU.:

«Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será responsable de ninguna acción tomada voluntariamente de buena fe para restringir el acceso o la disponibilidad de material que el proveedor o usuario considere obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, suponga acoso, o sea de otra manera objetable, independientemente de si dicho material está o no protegido constitucionalmente»

La Sección 230 es conocida como las 26 palabras que hicieron posible el éxito de internet. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Jeff Bezos deben sus fortunas, además de a su talento y olfato, a esas 26 palabras que les pusieron por encima de la ley del resto de los mortales.

En definitiva una plataforma como Twitter, por ejemplo, tiene todas las ventajas y privilegios de un bar en donde el camarero no es responsable de lo que digan los clientes dentro del local; y también, si se tercia, las ventajas de un periódico donde el consejo editorial marca las pautas y decide qué contenido se publica y cuál no.

Lo que viene ocurriendo es que Facebook, Twitter y compañía eligen ser bares cuando se trata de contenidos que les agradan –izquierdistas, islamistas, progres– y son la hoja parroquial más puritana y censora cuando se trata de contenidos que no les gusta –libertarios, conservadores, liberales–; una plaza pública de cotorras cuando les conviene y un periódico con línea editorial estricta cuando les sale de los servidores.

Por tanto, si la defensa de las ciber-dictaduras contra esta ley que acaba de aprobarse en Florida, es que atenta contra su libertad editorial, deberían entonces decantarse por ser un periódico y correr con todas las responsabilidades editoriales. Si son un foro público y abierto deben serlo para todos.

Si los ciber-dictadores quieren tener derechos propios de editores, deben ser editores, y si son un foro su derecho a la libertad de expresión o de prensa –si es que existiera en ese caso– no está jamás por encima del derecho a la libertad de expresión de sus usuarios.

Otra excusa que emplean como defensa estos tiranos online es que ellos no limitan la libertad de expresión porque puedes ir a otro lugar a expresar tus ideas que no sean sus feudos. Punto uno; si eres un foro público debes permitir la libertad de expresión sí o sí y no puedes censurar con criterio propio contenidos, sino tan solo limitarte a excluir el contenido que atenta contra la ley de verdad –no contra tus miles de condiciones y términos de servicio–. Y punto dos; ha sido precisamente gracias a esta legislación a la medida, que las ciber-dictaduras han logrado tener posiciones oligopolistas y estar presentes a nivel mundial; por tanto «ir a otro sitio» implica que la voz del individuo tenga mucho menos alcance.

Para colmo resulta que cuando surge con fuerza una alternativa –a las ciber-dictaduras oligopolistas– que muestra algo más de respeto por la libertad de expresión de sus usuarios, cosa por otra parte fácil; entonces son esos mismos dictadores que se aprovecharon de una legislación a la carta, los que se ocupan de expulsar del terreno de juego al nuevo, negándole todo (alojamiento en servidores, venta en sus tiendas virtuales).

Este fue el caso de Parler que cuando estaba en el número uno en descargas de Apple, esta empresa les eliminó de su catálogo y lo mismo hizo Google. Como a pesar de sacarles de las dos principales tiendas de apps, la gente seguía entrando a chorros en Parler tuvo que llegar Amazon y negarles el alojamiento en sus servidores (cobraban 300 mil dólares al mes por ello) para literalmente echarles de internet.

En definitiva lo que esta ley aprobada en Florida significa es poner al individuo en igualdad de condiciones y exigir a los tiranos que justifiquen con argumentos y basándose en la ley –la de todos no la suya– sus actos liberticidas que a día de hoy son totalmente arbitrarios.

De paso la ley prevé sanciones de hasta 100 mil euros DIARIOS cuando los afectados por el hacha de las Big Tech sean candidatos políticos y lo que el legislador pretende evitar con esto es que empresas como Facebook sean las que acaben decidiendo el resultado de las elecciones a través de la censura, el shadow banning (cancelación en la sombra) o la financiación directa de los procesos electorales (en las pasadas elecciones norteamericanas Facebook «invirtió» 500 millones en infraestructura, sueldos de trabajadores electorales, etc.)

Con una ley así en España en Freenoticias iríamos por el millón de euros ganados en demandas.

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