viernes, septiembre 17, 2021
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Encarcelado por negarse a que su hija de 12 años tomara hormonas para cambiar de sexo. Dictadura Canadiense

Un hombre canadiense, involucrado en una batalla legal por su derecho a oponerse al tratamiento hormonal de su hija adolescente trans, ha sido encarcelado y se le ha negado la libertad bajo fianza por violar una orden por la que se le prohibió dar su versión de los hechos y contar su historia.

A Robert Hoogland se le negó la libertad bajo fianza por la Corte Suprema de Vancouver el pasado viernes y permanecerá en la prisión preventiva de North Fraser, según el sitio web de noticias Post Millennial. Fue arrestado esta semana por desacato al tribunal, debido a su continua violación de una orden que restringe su derecho a hablar en relación con su hija transgénero. Hoogland libró una larga batalla, defendiendo su derecho a opinar sobre si la terapia hormonal se debe ofrecer a un menor sin el consentimiento de los padres.

El caso arrancó hace varios años en Columbia Británica (Canadá). A la edad de 12 años, «Maxine» (no es el nombre real de la niña), a quien se le asignó el género femenino al nacer, aparentemente se identificaba como un niño varón. Su consejero escolar sugirió que podría ser transgénero, refiriéndola a un médico y pidiendo que en la escuela la tratara como a un niño.

A la edad de 14 años, la adolescente se identificaba como un hombre atrapado en un cuerpo femenino y estaba ansioso por comenzar la terapia hormonal. La madre apoyó la decisión, pero Hoogland, quien fue apartado del resto de la familia pero compartió la custodia del niño, sintió que las cosas se llevaron a cabo con muchas prisas. Dijo que estaría de acuerdo con una transición si su hija fuera mayor y estuviera más preparada para tomar una decisión informada sobre un procedimiento que le cambiará la vida. El formulario de consentimiento que se negó a firmar decía que las hormonas podrían provocar diversas complicaciones de salud, incluido un riesgo elevado de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o diabetes, e incluso infertilidad. A esto cabe añadir que más del 80% de los niños con algún tipo de disforia de género acaban superando esa fase al llegar a la adolescencia y que la tasa de suicidios e intentos de suicidio entre la los transexuales es infinitamente superior a la del conjunto de la población.

Todo esto sucedió en 2018 y dio lugar a una serie de procedimientos judiciales para decidir si Maxine, la niña, podría ser el árbitro final en el asunto. Esa era la posición de la clínica de género en el Columbia Británica (Children’s Hospital), según la Ley del Menor que dice que un «menor maduro» puede dar su consentimiento para recibir atención médica de cara a iniciar un cambio de sexo.

Esta ley permite a los activistas trans impulsar su ​​ideología y aprovecharse de menores confundidos para convencerlos de llevar a cabo una transición que no necesariamente sería beneficiosa para ellos. La Ley por otra parte prohíbe a los tutores legales del niño tener voz en el asunto.

Esta es la una ley muy similar a la que en España impulsa una repugnante inútil llamada Irene Montero que parasita nuestro país desde un ministerio de la inutilidad absoluta.

En el caso de Hoogland, los tribunales canadienses se pusieron del lado del hospital en repetidas ocasiones y permitieron que continuara la terapia hormonal. Además, el padre está significativamente restringido en la forma en que puede hablar sobre el caso. Se le ordenó que usara siempre el nombre, el género y los pronombres elegidos por Maxine, y se le prohibió tratar de convencer a su hija de que detuviera la terapia. Un juez incluso afirmó que sus entrevistas con los medios, en las que Hoogland se refirió a Maxine como su hija y dijo cosas como «su ADN no cambiará por más experimentos que le hagan», pueden considerarse «violencia familiar».

Una revisión judicial en 2020 en la Corte de Apelaciones de Columbia Británica falló en contra de tal enfoque, reconociendo que no había evidencia de que Hoogland fuera intencionalmente abusivo, y dijo que el conflicto se trataba de «una relación familiar compleja derivada de un profundo desacuerdo sobre cuestiones importantes de los roles de los padres y el tratamiento médico». Sin embargo, la petición de este padre de bloquear la transición fue rechazada.

La orden mordaza de abril de 2019, que prohibía a Hoogland compartir públicamente información sobre el «sexo, identidad de género, orientación sexual, salud mental o física, estado médico o terapias» de Maxine se mantuvo vigente. El padre, que cree que la historia de su familia debería ser debidamente discutida, desobedeció y, a principios de marzo, se emitió una orden de arresto en su contra a solicitud del Fiscal General de Columbia Británica. Hoogland se entregó a las autoridades este 16 de marzo.

La denegación de la fianza pone a Hoogland entre la espada y la pared. Según los informes, una de las cosas por las que el juez lo amonestó fue por no eliminar una página web en la que explica su situación, en aparente incumplimiento de la orden dictatorial que le impide hablar sobre el tema en público. En esta web el padre de la niña pide donaciones para cubrir los honorarios legales de su defensa.

El padre tan solo quería que su hija recibiera atención psicológica en lugar de inyecciones de testosterona cada pocos días, y que se demorara este tratamiento abusivo de una menor hasta que esta tuviera una edad más avanzada. No solo el padre de la niña ha sido objeto de advertencias por parte de las autoridades sino que también algunos ciudadanos que publicaron contenido dando voz a este padre han sido amenazados por los abogados de la menor con acusarles también de desacato al tribunal y les han exigido que eliminen todas las publicaciones de apoyo a Hoogland. Así están las cosas en ese país gobernado por un gilipollas llamado Justin Trudeau que hace unos meses habló de que el Covid-19 es una gran oportunidad para un gran reseteo.

La libertad de expresión del padre no debe ser un derecho muy apreciado por el estado y los jueces canadienses. Cuando en un país se prohíbe a alguien hablar de lo que sea estamos ante la prueba del nueve de que ese país es una dictadura. Si encima es a un padre a quien se le prohíbe hablar de lo que cree mejor para su hija los calificativos repugnante y odiosa deben añadirse al término dictadura

Canadá, una bonita repuganante y odiosa dictadura que fomenta el abuso infantil.

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