Cada día que Grande-Marlaska continúa en el cargo se confirma un golpe de estado desde dentro. Lo más parecido a un golpe es que el Poder Ejecutivo cese a un funcionario por negarse a delinquir y a desobedecer al Poder Judicial.
La Asociación de Consumidores y Usuarios ha denunciado a la directora General de la Guardia Civil Doña María Gámez Gámez ante el Juzgado de Guardia de Madrid. En dicha denuncia esta asociación acusa al Gobierno, de forma poco velada, de querer convertir al Estado en una mafia.
En la denuncia se acusa a los cargos responsables de la destitución del coronel Pérez de los Cobos de querer convertir al Estado en una organización mafiosa por haber intentado que incumpliera sus obligaciones legales e incurriera en un delito :
“Se trata de que sistemáticamente se informe de los delitos a sus presuntos autores para que de este modo puedan modificar, suprimir, alterar documentos o pruebas que los incriminen, convirtiendo al Estado en una organización que protege a los autores de los delitos que se cometen a su amparo. Se convierte así el Estado en una organización que utiliza como medio el delito para encubrir los delitos que se cometen bajo su amparo, que es la definición más precisa de organización mafiosa. “De lo anteriormente expuesto se desprende que el fundamento esgrimido por la denunciada para cesar al Coronel D. Diego López de los Cobos, es una conducta prevista y penada en el artículo 404 del Código Penal, y por tanto está tipificada como un presunto delito de prevaricación“
La Asociación de Consumidores y Usuarios está también personada como acusación popular en la causa que instruye la juez Rodríguez Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco Pardo.
Esta denuncia acorrala más al presunto capo Pedro Sánchez y a su señor lobo particular Fernando Grande-Marlaska al sumarse a la información de El Confidencial en la que este digital destapa una nota secreta que demuestra que el ministro lobito lleva una semana mintiendo.
El ministro que djo que él nunca conjuga (sic) la palabra injerencia (por cierto solo se conjugan los verbos pretencioso falsario) ha sido pillado en una flagrante injerencia. ¿Y ahora qué lobito Marlaska? Parece que como en el rugby el Gobierno ha dado la orden de patada y adelante y ha repartido un argumentario a sus ministros y demás palmeros para defender, otra vez más, lo indefendible
La nota está fechada el 24 de mayo, va dirigida al Secretario de Estado de Seguridad y la firma la Directora General de la Guardia Civil. En dicha nota se propone “el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Cobos por pérdida de confianza de esta Dirección General y del equipo de Dirección del Ministerio del Interior”, hasta ahí concuerda todo con las explicaciones que el ex-juez ahora ministro ha dado estos días.
Pero la nota va más lejos y sigue diciendo que la pérdida de confianza viene motivada “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento.”
Esta nota es una bofetada en la cara del ministro y un rodillazo en los testículos del Presidente del Gobierno porque es la prueba de que el ministro ha estado mintiendo una semana, también en sede parlamentaria, y porque es una evidencia incontestable de que al menos el ministro, la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado han podido incurrir en varios delitos:
Art- 15 del R.D. 769/1987 de 19 de junio acerca de la regulación de la Policía Judicial: “Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”.
Art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. … El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo”.
Art. 415 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años“.
Artículo 417 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
Artículo 410 del Código Penal: “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses”
Pero la nota va más lejos y sigue diciendo que la pérdida de confianza viene motivada “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento.”
El patético argumentario del Gobierno para defender a Marlaska gira en torno a que este escrito viene a ratificar lo dicho por el ministro ya que la pérdida de confianza se produjo por que no informó de la existencia del procedimiento judicial en curso. Este argumento tiene pies de barro, por no decir de mierda…:
1.- Porque el ministro nunca ha dicho que el cese de Pérez de los Cobos tuviera que ver con otra cosa que no fuera reorganizar equipos, impulsar equipos con gente de su confianza. No hemos visto, ni leído, decir al ministro que el cese fue porque el coronel no informó de que había una investigación.
2.- Aún en el caso de que, de una forma críptica que se nos ha pasado por alto, el ministro haya dicho que le cesó por no contarle si había o no una investigación, también estaría incurriendo en conductas delictivas puesto que la juez pidió expresamente que todo lo referente a las investigaciones se mantuviera en secreto, incluyendo la propia investigación.
3.- La nota de la directora general no dice que el cese esté motivado por no informar de si había o no una investigación en curso; la nota habla de no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil que es algo muy distinto. Cuando se dice desarrollo significa algo muy distinto que si se dice existencia, desarrollo implica evolución, progreso, avance, desenvolvimiento,…explicación y exposición
¿Dije que los argumentos con los que el Gobierno sale a defenderse tienen los pies de barro?, ¡qué narices! tiene pies de mierda líquida, de caquita diarreica, se están viniendo por la pata abajo. Y lo que les queda porque aún tienen que testificar mandos de la Guardia Civil y quién la juez determine. También es muy probable que VOX emprenda acciones legales contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, quienes no son aforados y van a tener un horizonte judicial muy negro. Por último están las asociaciones profesionales de jueces.
Al ministro y a su jefe le esperan tiempos duros, y a todos los españoles nos toca tener que aguantar su festival de mentiras diario revestido de ese tono engolado y pastoso que parece ser seña de identidad de todo este hatajo de mentirosos y cada vez ménos presuntos mafiosos
